EXPLOSION NORMATIVA (Expansión 15/3/17)

 

PUBLICADO DIARIO EXPANSION 15/03/17explosion-nomativa-170315

“Igno rantia juris non excusat” decían los romanos, y hoy en día continua siendo válido: “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento” dice el artículo 6º del Código Civil. Y esto estaría muy bien si no fuese porque en el año 2015 en el Estado Español se imprimieron casi 1.000.000 (un millón) de páginas de Boletines Oficiales, diez veces más que en Alemania. Es de esperar que con el Gobierno central provisional en el 2016 la producción haya sido más escasa.

Buena parte de la causa es que cuando aplicamos normativa europea, cada nivel administrativo le da su toque personal. Esto permite que, por ejemplo, la normativa para maquinaria agrícola cosechadora de Cataluña y Aragón sean diferentes, o que la clasificación de perros peligrosos que han de tener seguro sea diferente según la comunidad autónoma.
Y esta explosión afecta a la seguridad jurídica, y por lo tanto a la actividad económica y a la creación de puerstos de trabajo. Una persona que actue con la “diligencia de un buen padre de familia” que piden las leyes seria sensata y con mucha seguridad no crearía una empresa, ya que la normativa es inalcanzable y el Código Penal establece la responsabilidad personal de los administradores incluso por omisión en el deber de control. Y si ya está creada no querría formar parte del Consejo de Administración. Este es un hecho que se olvida en muchas empresas familiares.
Entre las últimas novedades legislativas, que en este caso puede afectar de forma directa a la línea de flotación de muchas empresas familiares está la finalización de los más de cuatro años de moratoria del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, en función del que “el socio que hubiese votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en caso de que la Junta General no acordase la la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios…”. El objetivo es poner fin al atesoramiento de beneficios decidido de forma despótica por la mayoría, en muchas empresas, sin tener en cuenta las necesidades de los socios minoritarios, que en muchas ocasiones no trabajan en el negocio. El objetivo es loable, pero puede poner en graves dificultades de tesorería a muchas empresas que no hayan sido previsoras al respecto, a pesar de haber tenido cuatro años de moratoria. Y en caso de no pago de dividendo la ejecución del derecho de separación puede ser problemática.
En todo caso, lo que es cierto es que sería conveniente una norma que establezca que cualquier regulación nueva ha de sustituir al doble de extensión de texto legislativo previo; porque “lo bueno si breve dos veces bueno”
ando aplicamos normativa europea, cada nivel administrativo le da su toque personal. Esto permite que, por ejemplo, la normativa para maquinaria agrícola cosechadora de Cataluña y Aragón sean diferentes, o que la clasificación de perros peligrosos que han de tener seguro sea diferente según la comunidad autónoma.

Y esta explosión afecta a la seguridad jurídica, y por lo tanto a la actividad económica y a la creación de puerstos de trabajo. Una persona que actue con la “diligencia de un buen padre de familia” que piden las leyes seria sensata y con mucha seguridad no crearía una empresa, ya que la normativa es inalcanzable y el Código Penal establece la responsabilidad personal de los administradores incluso por omisión en el deber de control. Y si ya está creada no querría formar parte del Consejo de Administración. Este es un hecho que se olvida en muchas empresas familiares.

Entre las últimas novedades legislativas, que en este caso puede afectar de forma directa a la línea de flotación de muchas empresas familiares está la finalización de los más de cuatro años de moratoria del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, en función del que “el socio que hubiese votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en caso de que la Junta General no acordase la la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios…”. El objetivo es poner fin al atesoramiento de beneficios decidido de forma despótica por la mayoría, en muchas empresas, sin tener en cuenta las necesidades de los socios minoritarios, que en muchas ocasiones no trabajan en el negocio. El objetivo es loable, pero puede poner en graves dificultades de tesorería a muchas empresas que no hayan sido previsoras al respecto, a pesar de haber tenido cuatro años de moratoria. Y en caso de no pago de dividendo la ejecución del derecho de separación puede ser problemática.

En todo caso, lo que es cierto es que sería conveniente una norma que estable
zca que cualquier regulación nueva ha de sustituir al doble de extensión de texto legislativo previo; porque “lo bueno si breve dos veces bueno”

 

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